El cuidado del espacio público en San Miguel de Tucumán vuelve a ponerse en el centro del debate ante hechos que exponen, de manera alarmante, un desprecio absoluto por los bienes de la comunidad. El reciente episodio en el que un motociclista destruyó con un casco una pantalla LED en una parada de colectivos de Barrio Sur, simplemente por el aparente desperfecto de su vehículo es la manifestación violenta de una preocupante patología social. Lo que distingue a este último suceso de una larga lista de agresiones anónimas es la respuesta institucional que se ha articulado a partir de los registros fílmicos de los vecinos. La rápida identificación del agresor, el allanamiento de su domicilio y su posterior imputación bajo la investigación de un fiscal marcan un punto de inflexión necesario.
Durante años, la destrucción del patrimonio común ha gozado de una suerte de impunidad invisible; los expedientes por vandalismo se acumulaban en los despachos judiciales sin mayores consecuencias, alimentando la desidia de los destructores seriales. La posibilidad de que este caso encuadre en la figura de daño agravado -con penas que contemplan desde la prisión preventiva hasta cuatro años de cárcel- debe obrar como un severo correctivo y un mensaje ejemplificador.
El vandalismo se ha transformado en un mal endémico que carcome la fisonomía de nuestra capital y desangra las arcas públicas. Los ejemplos se multiplican con crudeza a lo largo y ancho de la ciudad: desde los destrozos perpetrados en las paradas de ómnibus de la avenida Independencia, frente a la Quinta Agronómica hasta las agresiones al mobiliario de la plaza Urquiza. Detrás de cada pantalla rota, de cada refugio de colectivos desmantelado y de cada plaza vandalizada existe un costo económico que los ciudadanos se ven obligados a costear de manera involuntaria con el esfuerzo de sus impuestos.
La instalación de las nuevas estructuras de transporte representa una inversión que oscila entre los 10 y 12 millones de pesos por unidad. Es un dinero que se saca de otras prioridades urgentes de la gestión municipal y que termina dilapidado en reponer lo que la intolerancia y el salvajismo destruyen en cuestión de segundos. Las campañas de concientización intentan interpelar la lógica más elemental de los habitantes apelando a una analogía doméstica irrefutable. Nadie dañaría los muebles de su propio hogar por mero capricho.
El verdadero cambio de paradigma exige entender que la contención de este flagelo no puede depender exclusivamente de la presencia de cámaras de seguridad o de la vigilancia policial en cada esquina. Se requiere un compromiso civil activo y solidario, donde la comunidad asuma un rol protagónico en la custodia de su entorno, denunciando sin titubeos a quienes atentan contra lo colectivo. Solo cuando comprendamos cabalmente que el mobiliario urbano nos pertenece a cada uno de nosotros, seremos capaces de edificar una ciudad transitable, moderna y, fundamentalmente, respetuosa de sus propios logros.